Xalapa, Ver.— La aprobación del nuevo procedimiento para nombrar a la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) no solo reconfigura la relación entre poderes en Veracruz: consolida un modelo que permite al Ejecutivo controlar, sin contrapesos reales, a la institución encargada de investigar los delitos, incluidos aquellos que podrían involucrar a funcionarios del propio gobierno. En un estado con un historial marcado por la persecución política de exfiscales y el uso de la justicia como arma, el riesgo no es menor.
Con 42 votos a favor, cinco en contra y tiempos legislativos acelerados, el Congreso local dio luz verde a una reforma que permite al Ejecutivo proponer, presionar, sustituir e incluso remover al Fiscal General con márgenes mínimos de supervisión. La narrativa oficial habla de “eficiencia”, “celeridad” y “visión compartida”; sin embargo, el trasfondo es otro: una arquitectura que mantiene a la procuración de justicia bajo la sombra del poder político en turno.
Un pasado que no puede ignorarse
La relevancia de esta reforma no puede entenderse sin el contexto de los últimos dos sexenios, en los que la FGE ha sido escenario de confrontaciones políticas, detenciones controvertidas y decisiones que, más que jurídicas, parecieron obedecer a intereses del Ejecutivo estatal.
Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal designado durante la administración de Javier Duarte, fue separado abruptamente del cargo tras la llegada del gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares. Contra él se emitió una orden de aprehensión por presuntos delitos relacionados con desapariciones forzadas, proceso que siempre negó y calificó como persecución política. Bravo Contreras pasó meses en prisión preventiva antes de enfrentar su proceso en libertad, en un caso que evidenció cómo la Fiscalía podía convertirse en campo de batalla político.
A él le siguió Jorge Winckler Ortiz, Fiscal nombrado por Yunes y destituido bajo el gobierno de Morena durante la gestión de Cuitláhuac García. Su remoción fue avalada por el Congreso bajo el argumento de incumplimiento de requisitos de ley, pero años después muchos de sus colaboradores denunciaron persecución selectiva. Winckler terminó encarcelado en 2022, también acusado de delitos graves, en un proceso que sus defensores consideraron fabricado para eliminar a un adversario político.
La era de Verónica Hernández Giadáns: lealtades y protección política
Tras la salida de Winckler, el gobierno de Cuitláhuac García impulsó la designación de Verónica Hernández Giadáns, una funcionaria cuya cercanía con el entonces secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, fue ampliamente señalada desde los primeros días. Fotografías, vínculos familiares y relaciones políticas alimentaron la percepción de que la nueva Fiscal no era un contrapeso, sino una extensión del gabinete.
Cuitláhuac García la defendió públicamente, repetidas veces, frente a críticas por presunta persecución política, investigaciones selectivas y la provisión reiterada de datos imprecisos en conferencias de prensa. Su permanencia estuvo asegurada mientras Cisneros estuvo en el centro del proyecto político estatal. Sin embargo, con el ascenso de Rocío Nahle a la gubernatura, la Fiscalía comenzó a experimentar críticas desde medios identificados con el propio oficialismo, un fenómeno que muchos interpretan como un proceso de desgaste orquestado para justificar un eventual relevo.
El paralelismo con los casos Bravo y Winckler es evidente: la FGE, lejos de consolidarse como un organismo autónomo, parece seguir respondiendo a los ciclos sexenales y a las necesidades políticas del poder en turno.
Una reforma que facilita repetir el patrón
El nuevo modelo aprobado por el Congreso legitima, institucionaliza y acelera esas dinámicas. Los puntos más críticos son:
- Designación con tiempos exprés: el Congreso tiene solo cinco días para aprobar o rechazar la propuesta del Ejecutivo.
- Silencio que vale como aprobación: si el Congreso no se pronuncia, la propuesta se considera aprobada automáticamente.
- Segunda propuesta y poder final del Ejecutivo: si ambas son rechazadas, el Ejecutivo elige libremente a la persona titular de la FGE.
- Remoción directa por el Ejecutivo: el gobernador o gobernadora puede remover al Fiscal por “causas graves”, un concepto que, sin precisión jurídica estricta, puede ser interpretado discrecionalmente.
- Objeto legislativo limitado: el Congreso solo puede objetar la remoción, también en cinco días, y de nuevo el silencio beneficia al Ejecutivo.
Es, en los hechos, una Fiscalía dependiente del poder político, no del mandato constitucional ni del interés público.
¿Y ahora qué? El futuro de la Fiscalía bajo la administración de Nahle
Rocío Nahle inicia su administración con un control político más amplio que sus antecesores, pero también con tensiones internas dentro de Morena y con grupos que operaron durante el sexenio de Cuitláhuac García. La FGE, bajo la conducción de Hernández Giadáns, ha sido objeto de ataques mediáticos provenientes de sectores tradicionalmente aliados del morenismo. Esto apunta a un posible reacomodo interno, donde la continuidad de la actual Fiscal podría no estar asegurada.
Con la reforma aprobada, Nahle tendría la facultad total para sustituir a Hernández Giadáns por un perfil más afín a su proyecto político. Un proceso limpio para justificar el relevo ya está en marcha: desgaste mediático, cuestionamientos públicos y la consolidación de un marco legal que permite a la gobernadora tomar el control absoluto del nombramiento.
Este escenario deja abierta la posibilidad de que la actual Fiscal enfrente un destino similar al de Winckler o Bravo Contreras, pero ahora bajo un procedimiento legalmente blindado por los propios legisladores.
Un golpe a la autonomía y un retroceso para la justicia
El discurso de eficiencia legislativa y cooperación entre poderes esconde una realidad preocupante: la Fiscalía General del Estado se convierte en un cargo de designación prácticamente directa del gobernador o gobernadora. Con ello, Veracruz profundiza una tradición peligrosa: la justicia al servicio del poder político.
El riesgo no es teórico. Es histórico, documentado y repetitivo.
Si la institución encargada de investigar delitos responde a quien gobierna —y no a la ley—, la procuración de justicia se convierte en un instrumento de control, castigo selectivo o protección política. En un estado con alta incidencia de desapariciones, violencia y corrupción, la autonomía de la Fiscalía no es un lujo: es una garantía mínima para la ciudadanía.
Con esta reforma, Veracruz avanza hacia un modelo donde la justicia podría volver a depender, abiertamente y sin matices, de la voluntad del Ejecutivo.
La pregunta que permanece es: ¿quién podrá investigar al poder cuando el poder controla a quien debe investigarlo?
