Coatzacoalcos, Ver.- Una operación conjunta entre fuerzas federales y dependencias del Gobierno de México permitió el aseguramiento de una refinería clandestina que operaba de forma ilegal en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. El sitio era utilizado para la producción de diésel “artesanal” y otros combustibles a partir de crudo presuntamente robado.
La acción fue resultado de labores de inteligencia de campo, vigilancia y vuelos de reconocimiento realizados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de la Gerencia de Coordinación e Inteligencia Logística.
El operativo se llevó a cabo tras obtener una orden de cateo otorgada por un juez federal, gracias a pruebas que acreditaron la existencia de una planta clandestina sin permisos legales ni medidas de seguridad. El sitio fue ubicado en el puerto de Coatzacoalcos con apoyo de drones, lo que permitió identificar su operación oculta y sus riesgos ambientales.
Durante la intervención, las autoridades recuperaron más de 500 mil litros de crudo, además de siete tanques móviles, cuatro tanques verticales y una red de infraestructura equipada para la producción, almacenamiento y traslado de diésel alternativo, nafta ligera, solventes, aceites tratados y combustóleo ligero.
De acuerdo con la información proporcionada por especialistas de Pemex y Sener, la instalación originalmente operaba como planta de tratamiento de residuos industriales, pero fue modificada para procesar hidrocarburos ilegales sin cumplir las normas de seguridad establecidas, representando un riesgo para los ecosistemas locales.
Aunque no se reportaron personas detenidas durante el cateo, la carpeta de investigación fue abierta por el Ministerio Público Federal, y el inmueble fue asegurado y quedó bajo resguardo de las fuerzas federales.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su titular Omar García Harfuch, reiteró el compromiso del Gobierno de México para combatir el mercado ilícito de combustibles y proteger tanto el patrimonio energético como la seguridad de las comunidades.
