Durante casi dos décadas, la recolección de basura en Poza Rica no solo fue un servicio público: fue un negocio millonario, opaco y profundamente ligado a los ciclos políticos del municipio. Contratos de largo plazo, pagos constantes desde el erario y quejas ciudadanas recurrentes marcaron la historia de la concesión de la limpia pública, hasta que en enero de 2026 el servicio pasó, por primera vez en años, a manos directas del Ayuntamiento.
Este reportaje reconstruye, con base en documentos oficiales, publicaciones institucionales y seguimiento periodístico, la evolución de ese modelo de concesión, los montos involucrados, las empresas beneficiadas y las decisiones políticas que lo sostuvieron.
Un contrato de quince años y más de setecientos millones de pesos
El punto de partida se ubica en 2008, durante la administración municipal encabezada por Pablo Anaya Rivera, cuando el Ayuntamiento de Poza Rica firmó un contrato de concesión por quince años con la empresa Promotora Ambiental de la Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, conocida como PASA.
De acuerdo con estimaciones basadas en reportes oficiales y notas periodísticas, el contrato representó un costo aproximado de setecientos cuarenta millones trescientos diecinueve mil ochocientos veintidós pesos a lo largo de su vigencia. En promedio, el municipio destinó alrededor de cuarenta y nueve millones de pesos anuales al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.
Desde sus primeros años, el contrato fue cuestionado por su duración, por los costos y por la limitada capacidad del Ayuntamiento para sancionar incumplimientos. Aun así, el modelo se mantuvo intacto durante administraciones municipales de distinto signo político.
El fin de PASA y una transición apresurada
En junio de 2023, tras quince años de operación continua, el contrato con PASA llegó a su fin. Aunque en meses previos se hablaba de una posible prórroga, finalmente el Ayuntamiento anunció que la empresa dejaría de operar en Poza Rica.
El gobierno municipal informó entonces que el servicio no se interrumpiría y que se había llevado a cabo un proceso de licitación en el que participaron empresas de distintos estados del país. El contrato fue adjudicado a Discricar, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa con registro fiscal DIS100904M30.
A diferencia del contrato anterior, los montos y condiciones del nuevo acuerdo no fueron difundidos de manera completa y accesible. Sin embargo, reportes posteriores y solicitudes de información revelaron que el Ayuntamiento llegó a pagar más de cuatro millones de pesos mensuales por el servicio.
Quejas, incumplimientos y un contrato que no se renovó
Entre 2023 y 2024, la operación de Discricar estuvo marcada por constantes quejas ciudadanas. Colonias enteras denunciaron retrasos en la recolección, acumulación de basura en la vía pública y rutas incompletas. Las imágenes de bolsas y desechos en calles y esquinas se volvieron recurrentes en redes sociales y medios locales.
Pese a ello, el Ayuntamiento mantuvo el contrato vigente hasta su conclusión formal el 31 de diciembre de 2024. No hubo renovación. Tampoco se anunció un nuevo proceso de concesión de largo plazo.
El cierre del contrato dejó al descubierto un problema estructural: durante años, el municipio había dependido casi por completo de empresas privadas para un servicio esencial, sin desarrollar infraestructura propia suficiente.
Enero de 2026: el giro político y administrativo
El 1 de enero de 2026, con la entrada de una nueva administración municipal encabezada por Janet Adanely Rodríguez, el Ayuntamiento anunció un cambio de fondo: la municipalización del servicio de limpia pública.
La nueva estrategia contempla la operación directa del servicio con quince unidades recolectoras, personal propio y recursos municipales. El discurso oficial señala eficiencia, ahorro y control público como los principales objetivos.
La alcaldesa aseguró que esta decisión no solo responde a las quejas ciudadanas acumuladas durante la administración anterior, encabezada por Fernando “el Pulpo” Remes, sino también a un análisis financiero. De acuerdo con Rodríguez, operar el servicio de manera directa representa un ahorro del 19 por ciento para las arcas municipales en comparación con el modelo concesionado aplicado en el gobierno previo.
Sin embargo, especialistas en gestión pública y análisis de datos advierten que la municipalización no es, por sí sola, garantía de mejores resultados. Requiere inversión constante, mantenimiento de unidades, transparencia en el gasto y auditorías permanentes para evitar que los vicios del modelo concesionado se reproduzcan ahora desde el interior del Ayuntamiento.
Lo que revelan los datos
El seguimiento de los contratos y pagos realizados por el municipio permite identificar un patrón claro:
- Contratos largos en administraciones pasadas.
- Montos elevados y sostenidos durante años.
- Información incompleta o fragmentada para la ciudadanía.
Solo el contrato con PASA superó los setecientos cuarenta millones de pesos en quince años. A ello se suman los pagos realizados a Discricar y los costos que ahora asumirá directamente el Ayuntamiento.
La pregunta central sigue abierta: ¿cuánto le ha costado realmente a Poza Rica la recolección de su basura y qué tan eficiente ha sido ese gasto?
Una deuda pendiente: la rendición de cuentas
La historia de la limpia pública en Poza Rica no es solo administrativa. Es un reflejo de cómo los servicios básicos pueden convertirse en negocios de largo plazo sin suficiente vigilancia ciudadana.
Hoy, con el servicio municipalizado, el reto es distinto pero igual de exigente. La ciudadanía tiene derecho a conocer los costos reales, los contratos de adquisición de unidades, los sueldos, las rutas y los resultados.
